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Editorial: Una barrera menos
El fin de autorizaciones para servicios fuera del POS es trascendental, pero requiere autocontrol.
Por: EDITORIAL |
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La expedición, esta semana, de una resolución que elimina la obligatoriedad de que los comités técnico-científicos (CTC) de las EPS autoricen a los pacientes del sistema de salud medicamentos, tratamientos y servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS) es trascendental.
Desde su creación, estas instancias se erigieron como barreras de acceso que obligaban a esperar semanas y hasta meses para acceder a lo formulado por los médicos. En no pocos casos, de hecho, los enfermos tienen que recurrir a acciones de tutela.
A partir del primero de junio, una vez desaparezcan los CTC, bastará que los galenos, con el debido soporte y criterio, receten a sus pacientes lo que ellos, en su real saber y entender, consideren que estos precisan.
De este modo se resuelve también otro viejo reclamo: la violación de la autonomía médica. Sin importar qué tan apremiante sea la necesidad del paciente, el concepto del profesional sobre su caso se estrella de frente con estos comités, que acaban, por razones muy diversas, decidiendo no solo si el enfermo se trata o no, sino incluso sugiriendo tratamientos más convenientes para las EPS.
Vale resaltar el hecho de que esta resolución se construyó en armonía con la Ley Estatutaria de Salud (1751 del 2015), que protege la autonomía, acaba con la intermediación y vuelve a darles su lugar a las juntas médicas, priorizando la atención de los enfermos.
No es exagerado decir que este es el primer paso en la materialización de la salud como un derecho fundamental.
Es primordial dejar claro, sin embargo, que la única vía para que esta libre relación entre los médicos y los pacientes funcione es que todos se autorregulen. En otras palabras: devolverle la formulación al profesional no es una patente de corso para inducir demanda, promover el encarnizamiento terapéutico y favorecer intereses indebidos, factores que bien pueden quebrar el sistema.
Tanto la Ley Estatutaria como esta resolución fueron promovidas por los mismos médicos, que llevan décadas clamando por el respeto de su autonomía y el derecho de sus pacientes; ahora es su turno de comprometerse.
En mora están la manifestación pública de sus códigos de autorregulación, la definición de los indicadores de bienestar que permitirán medir el impacto de estas medidas en la salud pública, y los preceptos de recertificación voluntaria con los que actualizarán su idoneidad; también, el rechazo abierto y explícito a las dádivas y prebendas.
Así mismo, los pacientes deben hacer su aporte: entender que al sistema de salud, que es de todos y cuyos recursos son limitados, solo es posible pedirle lo que realmente necesitan. En ese orden de ideas, han de dejar atrás conductas como las trampas que se hacen para eludir y evadir aportes; buscar la forma de ser incluidos en el listado de los subsidiados, aunque tengan capacidad de pago, y exigir servicios y tratamientos suntuarios y caprichosos.
Sobra decir que los demás actores tienen que poner de su parte para garantizar que este cambio repercuta positivamente en el bienestar colectivo. Sería una manera de llevar a la práctica el necesario acuerdo social en torno a la salud de todos los colombianos.
Desde su creación, estas instancias se erigieron como barreras de acceso que obligaban a esperar semanas y hasta meses para acceder a lo formulado por los médicos. En no pocos casos, de hecho, los enfermos tienen que recurrir a acciones de tutela.
A partir del primero de junio, una vez desaparezcan los CTC, bastará que los galenos, con el debido soporte y criterio, receten a sus pacientes lo que ellos, en su real saber y entender, consideren que estos precisan.
De este modo se resuelve también otro viejo reclamo: la violación de la autonomía médica. Sin importar qué tan apremiante sea la necesidad del paciente, el concepto del profesional sobre su caso se estrella de frente con estos comités, que acaban, por razones muy diversas, decidiendo no solo si el enfermo se trata o no, sino incluso sugiriendo tratamientos más convenientes para las EPS.
Vale resaltar el hecho de que esta resolución se construyó en armonía con la Ley Estatutaria de Salud (1751 del 2015), que protege la autonomía, acaba con la intermediación y vuelve a darles su lugar a las juntas médicas, priorizando la atención de los enfermos.
No es exagerado decir que este es el primer paso en la materialización de la salud como un derecho fundamental.
Es primordial dejar claro, sin embargo, que la única vía para que esta libre relación entre los médicos y los pacientes funcione es que todos se autorregulen. En otras palabras: devolverle la formulación al profesional no es una patente de corso para inducir demanda, promover el encarnizamiento terapéutico y favorecer intereses indebidos, factores que bien pueden quebrar el sistema.
Tanto la Ley Estatutaria como esta resolución fueron promovidas por los mismos médicos, que llevan décadas clamando por el respeto de su autonomía y el derecho de sus pacientes; ahora es su turno de comprometerse.
En mora están la manifestación pública de sus códigos de autorregulación, la definición de los indicadores de bienestar que permitirán medir el impacto de estas medidas en la salud pública, y los preceptos de recertificación voluntaria con los que actualizarán su idoneidad; también, el rechazo abierto y explícito a las dádivas y prebendas.
Así mismo, los pacientes deben hacer su aporte: entender que al sistema de salud, que es de todos y cuyos recursos son limitados, solo es posible pedirle lo que realmente necesitan. En ese orden de ideas, han de dejar atrás conductas como las trampas que se hacen para eludir y evadir aportes; buscar la forma de ser incluidos en el listado de los subsidiados, aunque tengan capacidad de pago, y exigir servicios y tratamientos suntuarios y caprichosos.
Sobra decir que los demás actores tienen que poner de su parte para garantizar que este cambio repercuta positivamente en el bienestar colectivo. Sería una manera de llevar a la práctica el necesario acuerdo social en torno a la salud de todos los colombianos.
editorial@eltiempo.com
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